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jueves, 28 de junio de 2012

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que las empresas privadas tendrán que corresponsabilizarse de los gastos derivados de la seguridad policial necesaria para sus espectáculos. Fernández ha concretado que se introducirá este «copago» (aún no se ha decidido cómo se articulará ni en qué porcentajes) en la futura Ley de Seguridad Privada en cuyo borrador trabaja el Departamento que él dirige.


La medida la ha anunciado en Calatayud (Zaragoza) donde ha explicado que está dirigida a todos aquellos eventos con ánimo de lucro y no sólo al fútbol, como había avanzado ayer a preguntas de este periódico. Según fuentes de Interior, afectará a fútbol, toros, conciertos y otro tipo de grandes eventos de los que se derivan beneficios para empresas privadas y que demanden importantes despliegues policiales.
El ejemplo más cercano lo podremos ver mañana mismo, en la celebración de la final de Copa del Rey en la que trabajarán más de 1.500 miembros de la Unidad de Intervención Policial, más de la mitad de ellos llegados desde distintos puntos de España. Varios sindicatos policiales, con la UFP, a la cabeza habían reclamado que la seguridad la pagaran las empresas. El ministro admitió ayer que el debate estaba abierto en la sociedad y que no se podía exigir sacrificios a los ciudadanos mientras con los impuestos de todos se financiaban estos gastos de seguridad que repercutían en beneficios solo para los organizadores.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son competentes en materia de seguridad en espectáculos públicos. Cada acontecimiento deportivo conlleva un dispositivo de seguridad específico, tanto en el interior como en el exterior del recinto y los alrededores que incluye unidades de intervención policial, guías caninos, caballería, Tedax, Seguridad Ciudadana, etc. Aunque el coste es muy difícil de calcular, el sindicato Unión Federal de la Policía eleva los costes por partido a 380.000 euros.

El sindicato recuerda una polémica antigua. La Liga de Fútbol Profesional cobra derechos de retrasmisión a las televisiones y radios, defiende que los partidos no son de interés general, son espectáculos realizados por una empresa privada o sociedad anónima en su caso, que explota según crea conveniente y desde un punto de vista empresarial. Las televisiones, en definitiva, pagan por emitir esos espectáculos. ¿Por qué, entonces, se preguntan los policías, unas empresas privadas se sirven de una seguridad de caráctar público?.