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miércoles, 17 de agosto de 2016

"La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG no es un órgano impuesto"

"La CICIG no es un órgano impuesto"
Guatemala, agosto 16 de 2016. El Periodista Juan Carlos Bow de La Prensa de Nicaragua, entrevistó al Comisionado Iván Velásquez Gómez sobre su labor al frente de esta Comisión. (Se publica con fines informativos).


“La Cicig no es un órgano impuesto”

Por: Juan Carlos Bow
Iván Velásquez, al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuenta detalles del caso que encarceló a Pérez Molina y sobre su trabajo en general.
Cuatro años después de ser perseguido en Colombia, el jurista Iván Velásquez Gómez está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Una oficina sobria y minimalista —reducida a una computadora, un escritorio, un par de cuadros y muchos documentos— revela un tanto su personalidad.
Frente a esa organización, adscrita a Naciones Unidas, lideró el año pasado junto al Ministerio Público, una megainvestigación que señaló directamente al entonces presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes se vieron obligados a renunciar y ahora enfrentan juicios por corrupción contra el Estado. Un hito en el vecino país centroamericano.
Nacido en Medellín en 1955, el abogado ha sido siempre un personaje incómodo para los políticos. En su natal Colombia, encabezó una guerra frontal contra las Autodefensas Unidas de Colombia.

Entre 2006 y 2012 investigó —al frente de una comisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia— los vínculos entre diputados y grupos paramilitares, fenómeno que terminó por llamarse la “parapolítica”. Sus pesquisas permitieron el encarcelamiento y condena de más de medio centenar de congresistas, entre ellos Mario Uribe, primo del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien acusó a Velásquez de realizar acusaciones falsas a través de la compra de testigos y montajes.

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Sus logros profesionales le han dado prestigio internacional —en 2011 fue seleccionado como el mejor abogado del mundo por la International Bar Association (Colegio de Abogados Internacional)—, pero también le han traído problemas.
En Colombia fue perseguido e intimidado por grupos “uribistas”. En Guatemala es víctima de una “campaña de desprestigio” en ciertos medios de comunicación, confiesa Velásquez en una entrevista con LA PRENSA, en su oficina de la Cicig, ubicada en la zona 14, una de las zonas más seguras y exclusivas de la capital guatemalteca.

“Cuando se están afectando sensiblemente estructuras criminales, estas se resisten a desaparecer. En esa medida distorsionan, difaman o generan desconocimientos, malentendimiento, confusión en sectores de la población, o señalan de manera directa para tratar de desprestigiar las investigaciones o los investigadores. De eso en Guatemala ha habido varias muestras de acciones relacionadas conmigo, no todavía al nivel de los montajes en Colombia”, comenta el comisionado con serenidad, solo comparable con la de un padre o madre al narrarle un cuento a sus hijos para que se duerman.

TRANSFORMACIÓN DE LOS CIACS

Velásquez asumió la titularidad de la Cicig en octubre de 2013. Su primer descubrimiento, junto a su equipo, fue la mutación que habían vivido los conocidos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), que actuaron amparados por el Estado durante el conflicto en Guatemala (1960-1996) para acallar la disidencia y la insurgencia.
“Entendimos a principios de 2014 que esos Ciacs no eran organizaciones estáticas en el tiempo sino que se transformaban, iban cambiando de acuerdo con la evolución de la sociedad y el país, y entonces optamos por definirlos como Redes Político-Económicas Ilícitas”, según el comisionado, quien explica que una vez actualizado el concepto pudieron “inclusive” investigar corrupción judicial. “Entendiendo en que no es el hecho o el acto individual de un juez, que vende una decisión sino insertado ese magistrado en una red que propicia impunidad en el país, que por lo tanto facilita la permanencia de esas redes ilícitas”.

EMPRESARIOS Y POLÍTICOS

Estas redes están integradas, según Velásquez, por empresarios, políticos y el crimen organizado. La comunicación e interrelación entre actividades legales e ilegales son tan “profundas”, que “inclusive” hay acciones lícitas, que tienen como finalidad propiciar lo ilícito, pero que “no podrían ser cuestionables en sí mismas”.
El jurista colombiano ejemplifica esta simbiosis en un episodio de la investigación conocida como la “Línea”, por la que fueron acusados primeramente Pérez Molina y Baldetti. Ambos del derechista Partido Patriota (PP).
“En la Línea, la estructura criminal define que hay que cambiar al superintendente de administración tributaria —del puerto Quetzal— y escoge a su reemplazo. Y luego como si fuera por comunicación telepática, el presidente de la República (Pérez Molina) reemplaza a este superintendente y nombra al que la estructura había escogido. Logramos observar todo el proceso porque había interceptaciones telefónicas”, revela el comisionado.

La Cicig, junto a la Fiscalía, han destapado en los últimos meses más de una decena de escándalos de corrupción en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Guatemala, que han permitido el arresto de más de 60 personas entre funcionarios públicos, empresarios y delincuentes.

PAPELES Y ROLES

El papel de los actores políticos, económicos y del crimen organizado en estas redes es “particular de cada caso”, según Velásquez. “Como en toda organización criminal hay papeles que se cumplen y roles definidos de acuerdo con las necesidades de la estructura y se combinan funcionarios del Estado y particulares en todo sentido, todo lo que pudiera pensarse de interacción. No podría decir que hay un modelo específico, que es una estructura que siempre se comporta de una determinada forma, cada caso es particular, vamos tratando de definir patrones de organizaciones, pero reconociendo que existen particularidades”.
Pese al involucramiento de empresarios en las redes corruptas, el comisionado afirma que el sector empresarial es uno de los mayores beneficiados con “un ambiente de transparencia, de real funcionamiento de la justicia. Para los empresarios en general es mucho más saludable que un ambiente de corrupción e impunidad”.

UNOS CONTRA OTROS

Añade que a los empresarios les favorece un ambiente de “operación de justicia”, ya que les genera seguridad jurídica. “Saben que si tienen un conflicto por el desarrollo de su actividad empresarial y acuden a los jueces, estos resolverán de acuerdo con las consideraciones, con los hechos y la normativa. Pero, en un ambiente de corrupción y de impunidad, es quien da más, o quien tiene mayor control del aparato de justicia, y eso no siempre puede garantizar a un empresario respecto de otro que vaya a tener el mayor poder o el mayor control”.
“Entonces generar un ambiente de esta naturaleza de transparencia y de operatividad cierta, de funcionamiento real del sistema de justicia es útil para la inversión y favorece también para las relaciones comerciales, empresariales. Esto no es de unos contra otros”, resalta el colombiano.

COPIAR MODELO

El éxito de la Cicig en Guatemala ha animado a los sectores civiles de países como México, El Salvador y Honduras a exigir una comisión igual. El único que ha creado algo similar, pero con la Organización de Estados Americanos (OEA), fue el gobierno hondureño. En el vecino país del norte ha comenzado a funcionar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que a diferencia de la Cicig, solo acompañará a las instituciones judiciales.
Las únicas condiciones para que un país tenga un organismo similar a la comisión —según el exjuez colombiano— son: que “considere que tiene esa necesidad” y “conversar con las Naciones Unidas”.

NO ES IMPUESTO

Explica que “la Cicig tiene la gran particularidad de que no es un órgano impuesto. Surge por la petición de Guatemala. Naciones Unidas no tiene, nunca ha tenido la pretensión de establecer Cicig o una Comisión Internacional contra la Impunidad en ningún país”.
La aclaración de Velásquez busca descartar la afirmación de que la Cicig es un organismo impuesto a Guatemala por Estados Unidos. Esta idea ha sido impulsada tanto por sectores guatemaltecos, con Pérez Molina a la cabeza, y por extranjeros, sobre todo partidos de izquierda.
Representantes de la izquierda continental, reunidos en junio pasado en el llamado Foro de Sao Paulo, rechazaron en su declaración final el funcionamiento de la Cicig por considerarla una “estrategia imperialista” y una “injerencia de Estados Unidos” que irrespeta la soberanía de los países. Por Nicaragua firmó el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según la página web de la actividad.
“Creo que en general este no es un modelo que invada o usurpe soberanía, creo que es una experiencia importante e interesante de cooperación internacional en la lucha contra la impunidad, que hay muchos elementos muy favorables para afirmar que es una experiencia que por lo menos debería ser vista por países que se quieran comprometer en la lucha contra la impunidad”, asegura el comisionado.

SECTORES SOCIALES

Precisamente en los dos países centroamericanos donde gobierna la izquierda, El Salvador y Nicaragua, la sola idea de un organismo como la Cicig es impensable por el gobierno. En estos escenarios, según el magistrado colombiano, incide “mucho el interés, la necesidad que pueden sentir los sectores sociales”.
En Guatemala, la sociedad civil jugó un papel importante, ya que tras la denuncia inicial de que la ex vicepresidenta estaba involucrada en actos de corrupción la población se levantó masivamente para apoyar las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público.
“Las protestas fueron un aliciente para el equipo, realmente nos entusiasmó, lo sentimos como un gran respaldo que facilitó mucho más nuestra labor. Probablemente una reacción negativa generalizada, una no aceptación o el simple silencio, una apatía, hubiera significado o se hubiera traducido, dadas las circunstancias del momento, en un perjuicio para la actividad que desarrollamos”, recuerda.
Aclara que las siguientes denuncias de corrupción fueron “de acuerdo a los servicios probatorios” que fueron teniendo en las investigaciones, y “no por el clamor popular o porque la plaza lo pide, no es la forma en que puede proceder ni un investigador ni la justicia en general”.

INDEPENDENCIA

A manera general, el comisionado describe la utilidad de la Cicig.
“Yo creo que en la medida que haya menos independencia de un órgano de investigación y de los órganos judiciales, es más útil una comisión de esta naturaleza. Un país que tenga real independencia de los órganos de justicia no necesita un apoyo de esta naturaleza porque si tiene esa real independencia quiere decir que sus instituciones de justicia son fuertes porque la debilidad de las instituciones son las que permiten que sean capturadas por intereses ajenos a la justicia, por cualquier sector de interés legal o ilegal”.

¿QUÉ NECESITA NICARAGUA PARA TENER UNA CICIG?

El Gobierno de Nicaragua la tiene que pedir, no hay otra opción. Este es un pacto entre un gobierno y la Organización de Naciones Unidas.

TRABAJÓ EN EL MINISTERIO PÚBLICO

El convenio suscrito en 2007 entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, permite a la Cicig “adelantar investigaciones autónomas preliminares”, por lo que pueden definir qué “asunto” debe ser verificado, según Velásquez.
Explicó que una vez que encuentran “elementos de que efectivamente ocurrió una conducta delictiva”, le solicitan a la fiscal general, Thelma Aldana, que se inicie una investigación razonada con tal asunto.
“La fiscal general hasta el momento siempre ha aceptado esa solicitud que se formula”, comenta.
Dentro del Ministerio Público (MP) se creó en 2008 una Fiscalía Especial contra la Impunidad (Fesi), que asume todas las investigaciones propuestas por la Cicig. “Nuestros abogados, investigadores y analistas continúan muy estrechamente el trabajo de investigación con la gente de la fiscal a la que se la haya asignado ese caso dentro de la Fesi”, indica el comisionado.
Añade que puede ocurrir también de que existe una investigación, en alguna Fiscalía diferente a la Fesi y “consideremos que esa es una investigación en la que sería conveniente participar, entonces informamos a la fiscal general de que tenemos interés en apoyar las investigaciones y que solicitamos que la pase a la Fesi, o que vamos a intervenir o acompañar a la Fiscalía en cuestión en la investigación”.
Resalta que existe una tercera modalidad de trabajo con el MP, y es que la fiscal general solicita apoyo en una investigación que está tramitando una Fiscalía diferente a la Fesi. “Actuamos con mucho entendimiento con la Fiscalía, no somos un órgano de sustitución, sino de complementación”, dijo.

PERSONAL Y FONDOS

Velásquez indica que en la Cicig trabajan “aproximadamente” 160 personas, entre personal de administración, investigación, seguridad, y en otras dependencias que están vinculadas a la oficina que llaman como del comisionado y que tienen que ver con informes temáticos, con prensa, con análisis político y de coyuntura.
Los fondos de la Cicig provienen “totalmente” de la cooperación internacional, entre los tres mayores cooperantes están Suecia, Estados Unidos y la Unión Europea, aunque también han dado aportes Alemania, España, Reino Unido, Noruega y Países Bajos, según el comisionado, quien añade de forma tajante: “Guatemala no aporta un peso”.
Señala que hay otros países que aportan ocasionalmente como Canadá, además que adicionalmente cuentan con el apoyo de países latinoamericanos, quienes especialmente les envían funcionarios policiales, de investigación o seguridad, a quienes la Cicig les reconoce económicamente su permanencia en el país, pero que no son contratados por la comisión, sino que son funcionarios en sus países.

“A los argentinos, por ejemplo, que están en labores de seguridad con la Cicig, o policías chilenos, peruanos, uruguayos, colombianos, que están en labores de investigación y seguridad, los que llamamos cuerpos contingentes, en los que la Cicig paga los viáticos y sus gastos de permanencia en el país”, explica.

APODO Y OVACIÓN

Los resultados de las investigaciones le han granjeado a Velásquez varios apodos dentro del imaginario de Guatemala como Iván “el terrible”, “el magistrado maravilla”, “el terror del poder”. El comisionado afirma que no se identifica con ninguno, “los registro como expresiones de cierta picaresca o de esa gracia guatemalteca, pero realmente no le doy mayor significado a esos apodos”.
Igualmente, el exjuez colombiano es recibido o despedido en muchos foros y actividades con sonoras ovaciones. “Naturalmente hay gratitud con esas expresiones. Eso obedece a una carencia tradicional de justicia, que entonces, la gente ha personificado en mí o en la fiscal general… Es la manera de expresión frente a la satisfacción de agotar la corrupción”, agradece el magistrado.
80,000 escuchas telefónicas y 5,000 mensajes de correo electrónico fueron revisados durante la investigación la “Línea”. En estos hallaron referencias a “al uno” y “la dos” que, según la Cicig y la Fiscalía, eran como se referían al expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti.

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FUENTE CICIG