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La Policía Nacional libera en Huelva a una menor embarazada que había sido vendida por sus progenitores a cambio de 8.000 euros

La víctima fue comprada por una familia rumana y obligada a contraer matrimonio con un joven del clan

La Policía Nacional libera en Huelva a una menor embarazada que había sido vendida por sus progenitores a cambio de 8.000 euros

Los padres habían denunciado falsamente el rapto de la menor de 16 años en Rumanía, explicando incluso en su relato que los hechos ocurrieron en plena calle y fueron cometidos por cuatro individuos

Han sido detenidas cuatro personas en la provincia de Huelva, entre ellas se encuentran la madre de la víctima -que ha ingresado ya en prisión- y el padre de la joven, que ha sido arrestado en Rumanía con la colaboración de las autoridades del país
11-diciembre-2018.- Agentes de la Policía Nacional han liberado en Huelva a una menor embarazada que fue previamente vendida por sus progenitores. La venta de la joven de 16 años de edad fue orquestada por sus padres a cambio de 8.000 euros a una familia rumana para que contrajera matrimonio con un varón del clan. Los padres habían denunciado –falsamente- el rapto de la menor en Rumanía, explicando incluso ante las autoridades que los hechos ocurrieron en plena calle y fueron cometidos por cuatro individuos. Han sido detenidas cuatro personas en la provincia de Huelva, entre ellas la madre de la víctima, que ha ingresado ya en prisión, y el padre de la joven, arrestado en Rumanía con la colaboración de la Policía rumana.
La investigación comenzó tras presentarse una denuncia, ante las autoridades rumanas, por parte de un matrimonio de dicho país en el que manifestaban cómo su hija menor de 16 año había sido secuestrada, metida en un coche a la fuerza ocupado por cuatro individuos y trasladada a España. Sin embargo estos hechos finalmente no pudieron ser acreditados.
Simulación de delito por parte de los progenitores
En la denuncia inicial, presentada el pasado mes de agosto por los padres de la menor, ambos explicaban cómo habían conocido el supuesto secuestro de su hija a través de otra joven de su misma ciudad. Asimismo afirmaron haber intentado ponerse en contacto con la víctima a través de su teléfono móvil y también a través de familiares y amigos, sin obtener ningún resultado. En su denuncia aseguraban que fue la menor quien contactó después con ellos mediante una llamada telefónica en la que aseguraba estar en España, casada ya con un varón rumano del que desconocía sus datos personales.
Más adelante, la menor les pidió dinero para poder volver a casa y comprar algo de ropa porque aseguraba no tener con qué vestirse, añadiendo que era víctima de palizas y estaba siendo obligada a prostituirse en clubes de alterne junto a otra joven de 22 años en la localidad onubense de Almonte, explicando también que sus captores pertenecían una familia rumana.
En su denuncia los padres explicaron cómo en otra ocasión fueron contactados a través de una llamada realizada por la matriarca de esta familia rumana, quien reconocía que tenía retenida a la menor, reclamando además 150 euros para costear un aborto de la víctima, que se encontraba en un hospital embarazada de unos 4 meses. Tras pagar los padres esa cantidad, fue el hermano de la menor quien recibió en su móvil una fotografía de su hermana en la que lleva el brazo izquierdo escayolado y un hematoma en su ojo izquierdo.
Los padres también aseguraban en su denuncia que aprovecharon un viaje a España de su sobrina para hacerle llegar a su hija algo de ropa y 150 euros. Sin embargo, nunca dejaron que viese a la víctima para poder constatar su bienestar. Semanas después, la madre de la menor aseguró haber recibido otra llamada de su hija solicitándole el envío de más dinero, esta vez 350 euros. Al parecer había conseguido escapar de sus captores pero desconocía su paradero. Cuando el padre comunicó al marido de la menor su intención de viajar a España para rescatar a su hija, esté le amenazó de muerte.
Querían recuperar a su hija para un nueva venta más rentable
Finalmente se pudo constatar cómo este clan habría pagado 8.000 euros a los padres de la víctima a cambio de un documento mediante el que autorizaban a su hija a salir de Rumanía y residir en España. Este escrito, cuya legalidad ya ha sido comprobada, fue hallado por los agentes en el momento de las detenciones. Además, los únicos pagos que han podido constarse son los recibidos por la madre de la menor, quien llegó a confesar que su intención real era recuperar a su hija para volverla a vender a otro ciudadano rumano que tenía más capacidad económica que el anterior.
Tras realizar la investigación de los hechos denunciados por los padres, los agentes no pudieron acreditar lo que habían explicado en su denuncia. En una primera intervención policial se procedió a detener a los miembros del clan rumano que supuestamente la tenía retenida, por su supuesta implicación en un delito de trata de seres humanos a través de matrimonios forzados. Se trataba de una madre y sus dos hijos entre los que se encontraba el marido de la menor, quien fue arrestado además por un presunto delito de abusos sexuales.
Para la detención de los padres se solicitaron sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega por simulación de delito y por trata de seres humanos para la realización de matrimonio forzado. Poco después las investigaciones situaron a la madre de la menor en Huelva, motivo por el cual pudo ser detenida y puesta a disposición judicial, quien ordenó su inmediato ingreso en prisión. Por otro lado, el otro progenitor ha sido detenido en Rumanía por la Policía de dicho país.
La menor liberada ha sido ya atendida y trasladada a un centro de menores dependiente de la Junta de Andalucía.


Violencia de género
En esta sección se da respuesta a sus preguntas de cuándo y cómo actuar en los hechos de violencia de género, de la atención que se presta a las víctimas y el apoyo que se les suministra. Igualmente se informa de cómo solicitar una orden de protección.Atención víctimas violencia de género

Cuándo y cómo debo denunciar

Los hechos de violencia doméstica nunca deben silenciarse. Es muy importante denunciarlos desde un primer momento para poder garantizar mayor protección a las víctimas.
Podrá denunciar los hechos a través de:
  • Llamada al teléfono 062 (de la Guardia Civil).
  • Comunicación verbal ante los agentes que se encuentran prestando servicio.
  • Declaración formal, presentándose en las dependencias policiales.
Para este mismo fin, tendrá a su disposición los teléfonos institucionales y autonómicos, como el 112 ó 016, que ofrecen tanto asesoramiento jurídico como apoyo asistiencial.

¿Cuándo eres víctima?

Se considera violencia de género, aquella que se ejerce por los hombres contra las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado unidos a ellas por relaciones de análoga afectividad, aun sin convivencia en el momento de producirse los hechos.
Eres víctima de violencia de género cuando seas objeto de actos de violencia física y/o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
La violencia física comprende cualquier tipo de violencia que el hombre provoque o pueda producir daños en el cuerpo de la mujer (bofetadas, palizas, golpes, heridas, fracturas, etc.)
La violencia psíquica comprende aquellos actos o conductas que producen desvaloración o sufrimiento en las mujeres (amenazas, humillaciones, exigencia de obediencia, insultos, etc.)
La violencia sexual se produce siempre que se impone a la mujer una relación sexual contra su voluntad.
La violencia de género está definida legalmente en el articulo 1º de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

¿Pasos a seguir después de producirse los hechos?

Denunciar lo antes posible los hechos ante los agentes policiales.
Es recomendable aportar todos los medios de prueba de que se dispongan (parte médico, parte psicológico, nombre de testigos, prendas que portaba en el momento de los hechos).
Es importante que no se cambie de ropa ni se lave, duche o realice cualquier acción que pudiera dificultar la recogida de pruebas.

¿Qué atención y apoyo profesional reciben las víctimas?

La atención por parte de los agentes policiales será personalizada, respetuosa y preferente.
Desde el primer momento se tomarán las medidas para garantizar la dignidad, la integridad física y moral de la víctima. Para ello se le ofrecerá la asistencia médica y psicológica oportuna.
Se protegerá su privacidad, intimidad, divulgación de datos personales y de imágenes. De esta forma en las dependencias policiales se evitará que la mujer objeto de malos tratos comparta espacio físico con su presunto agresor, y en la medida de los posible, se le mantendrá fuera de la presencia de otros comparecientes en dichas dependencias.
Se le informará del procedimiento a seguir y sobre los derechos jurídicos, asistenciales y ayudas a las que puede optar. También se le informará de la existencia de Órganos públicos y privados de protección a la mujer.
Dispondrá, de los profesionales necesarios para el tipo de asistencia que precise, así como, de intérprete, en caso de ser necesario.
Una vez presentada la denuncia, toda victima tiene:
  • Derecho a la información y asesoramiento adecuado a su situación personal, que comprenderá las medidas, relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Derecho a ser informada de forma inmediata, en todo momento de la situación procesal en la que se encuentra el agresor, (tanto si esta ingresado en un centro penitenciario, como de la fecha prevista de su salida).
  • Derecho Asistencia Jurídica si acredita insuficiencia de recursos para litigar. Así mismo tiene derecho a la defensa y representación gratuita por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
  • Derecho Asistencia Social Integral, de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación. La asistencia implicará especialmente:
      Información.
      Atención psicológica.
      Apoyo social.
      Seguimiento de las reclamaciones de sus derechos.
      Apoyo educativo a la unidad familiar.
      Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.
      Apoyo a la formación e inserción laboral.
  • Derechos Laborales y de Seguridad Social.
      Si es trabajadora por cuenta ajena, tiene derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
      Si es trabajadora por cuenta propia, en el caso de cese en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se le suspenderá su obligación de cotizar durante un período de seis meses, que le serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y su situación se considerará como asimilada al alta.
      Si es funcionaria pública tiene derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos establecidos en su legislación específica.
  • Derecho a la percepción de Ayudas Sociales. Cuando carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al setenta y cinco por cien del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirá una ayuda de pago único, siempre que se presuma que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y, por dicha circunstancia, no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.
    El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.Cuando tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al treinta y tres por cien, el importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.
    Si tiene responsabilidades familiares, el importe podrá alcanzar el de un periodo equivalente al de dieciocho meses de subsidio por desempleo, o de veinticuatro meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al treinta y tres por cien.
  • Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores, ya que es considerada dentro de los colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos previstos en la legislación aplicable.
Estos derechos están recogidos en el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo (BOE. núm. 126, de fecha 27-05-97), por el que se aprueba el reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la Libertad Sexual.
A los testigos de este tipo de delitos, se les dará la protección establecida en la Ley Orgánica 19/1994, sobre la protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, consistentes en:
  • Ocultar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo.
  • Utilizar un número o clave para su reseña en las diligencias policiales y judiciales, de forma que no consten su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación.
  • Comparecer para la práctica de cualquier diligencia utilizando procedimientos que imposibilite su identificación visual normal.
  • Fijar como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del Juzgado, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.
  • Evitar que se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento.
  • Ofrecer, en su caso, protección policial.
  • Facilitarles en casos excepcionales, documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.
  • Ser conducidos previa solicitud, a las dependencias judiciales o al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio en vehículos oficiales y durante el tiempo que permanezcan en dichas dependencias se les facilitará un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado por Fuerzas policiales.

¿Cuándo puede solicitar una orden de protección?

Tras la comisión de este tipo delictivo, es posible solicitar, en el momento de presentación de la denuncia en las dependencias policiales, la correspondiente orden de protección contra el denunciado.
Con la orden de protección se pretende asegurar de forma cautelar el distanciamiento físico entre la víctima y el agresor.
La orden de protección podrá ser solicitada por:
  • La víctima.
  • Cualquier persona que tenga con la víctima alguna relación de afectividad aun sin convivencia, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Puede presentarse en los lugares siguientes:
  • Puestos de la Guardia Civil.
  • Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.
  • Dependencias de las Policías Autonómicas o Locales.
  • En el Juzgado o Fiscalía.
  • En las Oficinas de Atención a la Víctima.
  • En los Servicios Sociales o Instituciones Asistenciales de las Administraciones Públicas.
  • En los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.
Se solicitará a través de un modelo normalizado, que existe en todas las dependencias relacionadas en el punto anterior.
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