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Dª Ana Botella como secretaria de Estado de Seguridad visita el INCIBE para reforzar la colaboración en ciberseguridad



Ana Botella visita el INCIBE para reforzar la colaboración en ciberseguridad

Ministerio del Interior
León, 11/06/2019
La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha visitado este martes la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León,  un encuentro de trabajo que ha servido para reforzar la colaboración en materia de ciberseguridad. INCIBE, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, es actualmente el mayor socio estratégico del Ministerio del Interior en  la lucha contra el cibercrimen y el ciberterrorismo.
Botella ha sido recibida a su llegada por el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, y el director general de INCIBE, Alberto Hernández.
Además de la secretaria de Estado de Seguridad, por parte del Ministerio del Interior han participado en la visita el director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, y el director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), Fernando Sánchez.
Botella, Polo y los demás asistentes han tratado durante la visita diferentes aspectos de la Ciberseguridad, como el apoyo a la industria, los servicios de concienciación a los ciudadanos y menores o las diferentes tecnologías desarrolladas para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La secretaria de Estado también ha podido conocer de primera mano las actividades y capacidades de INCIBE-CERT, el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad.
La colaboración entre INCIBE y el Ministerio del Interior es fundamental para la ciberseguridad en España. INCIBE aporta su cooperación tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el cibercrimen y el ciberterrorismo como con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad.


El Instituto Nacional de Ciberseguridad entregó ayer el diploma a los primeros 101 soldados formados para combatir ciberataques, en el marco de las acciones llevadas a cabo para facilitar la integración en el mercado laboral de los soldados que no han hecho carrera militar y deben reincorporarse a la vida civil tras cumplir los 45 años.

5 ventajas y 5 inconvenientes de subcontratar servicios de ciberseguridad
La directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, la leonesa Amparo Valcarce, destacó que la colaboración entre Defensa y el Incibe es «estratégica», por el centro ubicado en León es «una institución especializada en ciberseguridad con prestigio internacional», ya que «la ciberseguridad es esencial, no solo para la protección de las unidades desplazadas en operaciones y misiones, sino también para la protección de las estructuras y servicios estratégicos y de altísimo riesgo para la seguridad y defensa nacional».
Valcarce resaltó el interés del Ministerio de Defensa en «proteger los intereses de los ciudadanos y las empresas en España y en el exterior», para lo que forman militares que aplican el conocimiento adquirido en sus unidades, de los que algunos de ellos con el tiempo se desvincularán con las fuerzas armadas, motivo por el que aseguró que se busca establecer contactos con las empresas «porque tienen que conocer la excelente formación de personas que una vez que han cumplido su compromiso con las Fuerzas Armadas».
Además, consideró que el Incibe es «imprescindible y necesario» en un momento en el que «los mayores riesgos son de ciberseguridad y las mayores amenazas están vinculadas a ella», de manera que «muchas de las operaciones y misiones tienen que quedar protegidas en el espacio», además de las infraestructuras «críticas y estratégicas». El director del Incibe, Alberto Hernández, resaltó el apoyo al Ministerio en «la promoción del interés en el ámbito militar por la profesión».


Otras noticias:


Los extranjeros que obtengan cualquier clase de prórroga de estancia o documento que le habilite para permanecer en territorio español, aquellos a los que se les haya incoado un expediente administrativo en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre extranjería y aquellos que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España, serán dotados, a efectos de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial.
El número personal será el identificador del extranjero, que deberá figurar en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo, salvo los visados.
El número deberá ser concedido, de oficio, por la Dirección General de la Policía, salvo en el caso de los extranjeros que se relacionen con España, por razón de sus intereses económicos, profesionales o sociales, que deberán interesar de dicha Dirección General la asignación del indicado número, siempre que concurran los siguientes requisitos:
  • Que no se encuentren en España en situación irregular.
  • Que se comuniquen los motivos por los que solicitan la asignación de dicho número (Relaciones con la Administración Tributaria, Registros de la Propiedad o Mercantiles, Notarios, Tráfico, Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo, etc.).
En los procedimientos de solicitud de asignación de NIE por razón de intereses económicos, profesionales o sociales, se aceptará la presentación de la solicitud en España personalmente por el interesado o a través de representante en las Oficinas de Extranjería o Comisarías de policía. En el caso de que el extranjero no se encuentre en territorio español en el momento de la solicitud, podrá solicitar la asignación de NIE a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de las Oficinas Consulares de España en el exterior.
El procedimiento habrá de ser resuelto en el plazo máximo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
Para la asignación del citado número deberán aportar los siguientes documentos:
  • Impreso-solicitud normalizado (EX-15), debidamente cumplimentado y firmado por el extranjero.
  • Original y copia del pasaporte completo, título de viaje o cédula de inscripción en vigor.
  • Comunicación de las causas económicas, profesionales o sociales que justifican la solicitud. 
  • Cuando sea solicitado a través de un representante, éste acreditará contar con poder suficiente en el que conste de forma expresa que se le faculta para presentar tal solicitud.
Nota importante: todo documento público extranjero no comunitario deberá ser previamente legalizado y, en caso necesario, deberá estar traducido al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. Para obtener información a este respecto, puede consultar la hoja informativa de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

Todos los extranjeros a los que se les haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses serán dotados de un único documento, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en la que constará el tipo de autorización que se les haya concedido.
Los extranjeros están obligados a llevar consigo el pasaporte o documento en base al cual hubieran efectuado su entrada en España y, en su caso, el documento al que se refiere el apartado anterior, así como a exhibirlos cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes, en ejercicio de sus funciones.
Será aplicable al documento mencionado la normativa vigente sobre presentación y anotación en las oficinas públicas del Documento Nacional de Identidad, cuya normativa tendrá carácter supletorio de las normas sobre utilización en España de los documentos de identidad de los extranjeros.
El extranjero que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar, en vigor, la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.

Se considerará extranjero indocumentado al que se presente en dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España.
En estos supuestos se procederá de la siguiente forma: 
  • La solicitud de documentación deberá efectuarse tan pronto como se hubiera producido la indocumentación.
  • La petición deberá presentarse, personalmente y por escrito, en la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía correspondiente.
  • El interesado exhibirá los documentos de cualquier clase, aunque estuvieren caducados, que pudieran constituir indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad, en su caso, para que sean incorporados a las comprobaciones que se estén llevando a cabo, y acreditará que no puede ser documentado por la Misión Diplomática u Oficina Consular correspondiente mediante acta notarial que permita dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido. Igualmente, aportará los documentos, declaraciones o cualquier otro medio de prueba oportuno que sirvan para acreditar la concurrencia de razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o, en su caso, el cumplimiento de compromisos de España.
    En el caso de los solicitantes de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se eximirá al solicitante de la presentación de acta notarial para acreditar que no puede ser documentado por la Misión Diplomática u Oficina Consular correspondiente, en los casos en que se alegasen razones graves que impidan su comparecencia en aquéllas, pudiendo recabarse, a estos efectos, informe de la Oficina de Asilo y Refugio.
  • Una vez realizadas las comprobaciones iniciales, siempre que el extranjero no esté incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de entrada en España o de expulsión del territorio, si desea permanecer en España, se le otorgará por el Delegado o Subdelegado del Gobierno en la provincia en que se encuentre un documento de identificación provisional, que le habilitará para permanecer en España durante tres meses, período durante el cual se procederá a completar la información sobre sus antecedentes.
  • Completada la información, salvo que el extranjero se encontrara incurso en alguno de los supuestos de prohibición de entrada o se haya dictado contra él una orden de expulsión, previo abono de las tasas que legalmente correspondan, el Delegado o Subdelegado del Gobierno o el Comisario General de Extranjería y Fronteras, dispondrán su inscripción en una Sección especial del Registro Central de Extranjeros y le dotará de una Cédula de Inscripción en un documento impreso, que deberá renovarse anualmente.
    La Dirección General de la Policía expedirá certificaciones o informes sobre los extremos que figuren en dicha Sección especial para su presentación ante cualquier otra autoridad española.
  • En caso de denegación de la solicitud, una vez notificada ésta formalmente, se procederá a su devolución al país de procedencia o a su expulsión del territorio español.
  • El extranjero al que le haya sido concedida la Cédula de Inscripción podrá solicitar la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales si reúne los requisitos para ello. Dicha solicitud podrá presentarse y resolverse de manera simultánea con la solicitud de cédula de inscripción.
  • La Cédula de Inscripción perderá vigencia, sin necesidad de resolución expresa, cuando el extranjero sea documentado por algún país o adquiera la nacionalidad española u otra distinta.

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