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Policia Nacional desarrolla con 150 detenidos en una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro


Policia Nacional desarrolla con  150 detenidos en una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro

  • Los arrestos se han producido en Barcelona, Tarragona, Girona y Jaén
  • Se trata de una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador
  • Uno de los testaferros era en realidad un repartidor de pizzas
Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Barcelona, Tarragona, Girona y Jaén una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro y del subsidio por desempleo.
150 personas han sido detenidas y otras 277 imputadas por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 a 500 euros.
Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.
Los periodos de trabajo ficticio han permitido a más de 400 personas -en su mayoría de origen marroquí y asentados en Cataluña- regularizar su situación en España, así como percibir 2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal.
La trama cobraba entre 300 a 500 euros por una falsa alta como trabajador
El grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000 en base a esa supuesta actividad laboral.

Igualmente, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en España.
La Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó a mediados de 2011 la existencia de una serie de empresas, con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y aparentemente sin una actividad laboral real.

Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.
En la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros procedentes de sectores marginales y de exclusión social. El objetivo consistía en ocultar la verdadera identidad de los responsables, así como la localización de las empresas y en definitiva eludir las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo.

ELMUNDO.es | Madrid


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