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El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de empresas de seguridad privada

La seguridad privada se instala en la cárcel como "apoyo" a la Benemérita

Cuatro vigilantes trabajan desde ayer en el control del perímetro exterior y los monitores, labor que ya desempeñan guardias civiles
Raquel Rendón huelva | Actualizado 07.05.2013 - 01:00
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Un furgón y un coche patrulla del Instituto Armado, adentrándose en el recinto carcelario de La Ribera.

  • El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de empresas de seguridad privada "que prestan servicio en el País Vasco" -según indicaron ayer a este diario desde el Ministerio del Interior-, adjudicataria de la oferta de contratación del Gobierno central para colocar (de momento) a 250 efectivos propios en 21 penales del territorio nacional. Los cuatro trabajadores que arribaron ayer a la cárcel onubense se dividirán en dos turnos de doce horas cada uno y realizarán "funciones secundarias", afirma el Ejecutivo.

    Esencialmente, mientras que uno de ellos vigilará el perímetro exterior de la penitenciaría, el otro estará destinado en el área de monitores, desde donde se controla el circuito cerrado de televisión de La Ribera. Estas tareas vienen siendo desempeñadas desde la apertura del centro por agentes de la Benemérita. Interior se justifica diciendo que sólo ejercerán como "auxiliares" que apoyarán a los guardias en sus tareas diarias. Sindicatos y asociaciones profesionales no opinan lo mismo.

    La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tiene claro que el objetivo del Ministerio del Interior es, "desde un principio, ir reduciendo las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", sustituyéndolas paulatinamente "por seguridad privada". En este punto subraya que, como ya indicara el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, "el proyecto se va a aplicar de forma experimental durante un periodo de nueve meses y a su finalización se evaluará para determinar si se aplica o no de forma definitiva", para proseguir manifestando que "durante el periodo experimental o de prueba no se disminuirá en ninguno de los centros afectados el número de efectivos" públicos.

    Para la AUGC, estas palabras esconden un mensaje claro: no habrá recolocaciones de guardias civiles en las cárceles hasta el 6 de marzo de 2014, pero a partir de entonces "cabe entender que sí se producirá". El colectivo augura "reducciones muy drásticas desde un punto de vista cuantitativo", teniendo en cuenta que en los penales españoles las misiones encomendadas a los guardas privados (vigilancia exterior y perimetral, control de cámaras y accesos) "suponen el 75% de las funciones que vienen desempeñando actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

    Como ya adelantó Huelva Información hace algo más de un año, la AUGC calcula que en la prisión de Huelva se podrían ver afectados directamente por las sustituciones entre 15 y 20 agentes del Instituto Armado. Ya entonces, adelantándose a la jugada, proponía que la recolocación de este excedente se materializara en el Puerto de Huelva, la Usecic y el Núcleo de Servicios. Miembros de la delegación onubense de la AUGC se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, para mostrarle su preocupación por la incorporación de la vigilancia privada a la cárcel, a lo que el dirigente respondió que "se intentaría acoplar a los agentes en otras unidades que se encuentren cerca de la prisión".

    La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) se posiciona en la misma línea, aclarando que "vienen para sustituir a los agentes", pero va más un poco más allá. Su delegado en Huelva, Genaro González, remarcó ayer a este rotativo que la incorporación de los cuatro vigilantes supondrá "un gasto importante" para la Administración central, en lugar de constituir "un ahorro que sería más lógico en estos tiempos de crisis".

    El sindicato de prisiones ya alertó de que los efectivos privados "no tienen competencias para ejercer como autoridad". Por ende, si se produjera un altercado entre los familiares que visitan a los internos o se diera la circunstancia de que se registrara alguna fuga, "estas personas no podrían retener a nadie, del mismo modo que si robas en un supermercado el guardia de seguridad ni siquiera puede cachearte, porque esa tarea la tienen que realizar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

    La AUGC recordó por otro lado que, pese a que el Ejecutivo justifica la medida en la recolocación del personal de vigilancia privada que prestaba servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, "la propia Asociación de Escoltas privados está llevando a cabo diversas movilizaciones precisamente porque no es a ellos a quienes se están adjudicando estas funciones".

    Interior aclara que los vigilantes no llevarán armas y que en ningún caso tendrán contacto con los internos. Tampoco accederán al interior de la prisión ni ayudarán ni participarán en las conducciones de reclusos.

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