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Instituciones Penitenciarias: tres décadas de lucha contra el SIDA #1Diciembre Día Mundial contra el SIDA



Madrid, 30/11/2018
En 1990 el VIH afectaba a un 30 por ciento de las personas privadas de libertad. Hoy la prevalencia del virus en los centros penitenciarios es del 4,5%
Del 30% de finales de los años 80, al 4,5 % de prevalencia del VIH entre las personas privadas de libertad registrado en este 2018. En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) hace balance de tres décadas de lucha contra una enfermedad normalizada, a día de hoy, dentro de las prisiones.

Como para el resto de la sociedad, los 80 fueron años de consumo de drogas, sobre todo cocaína y heroína, vía intravenosa. Dado que muchos drogodependientes sin recursos económicos cometían pequeños delitos para financiar su consumo diario, la infección por VIH –enfermedad desconocida hasta aquel momento- se convirtió pronto en un grave problema de salud pública en las cárceles españolas.

En el año 1988, el 46% de quienes ingresaban en prisión referían haber consumido drogas y haber compartido el material de inyección. Un 32% de los internos daban positivo por VIH al ingresar en un centro penitenciario, con la consecuente aparición de un elevado número de enfermos de SIDA.

Según datos de la SGIP, en el año 1990, con casi un 50% de reclusos usuarios de drogas, la prevalencia de VIH entre la población reclusa se acercaba al 30%. Ese año España marcó un hito al instaurar como norma la distribución de lejía y preservativos a los internos. A finales de los 90, la monitorización del VIH y de las prácticas de riesgo en la población reclusa puso de manifiesto que la incidencia de nuevas infecciones en estos grupos de población estaba  disminuyendo. Un descenso atribuible a la aplicación de las nuevas terapias antirretrovirales, que retrasaban la aparición de las patologías definitorias de SIDA, pero también a los esfuerzos realizados en materia de prevención.
Basauri, pionera de la jeringuilla desechable
En 1997, a pesar de tabúes y reticencias iniciales, el Centro Penitenciario de Basauri, en Bilbao, puso en marcha un programa piloto para desechar jeringuillas y evitar el intercambio entre presos, que enseguida demostró su eficacia y se extendió paulatinamente a todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.

Las campañas y programas de educación sanitaria, la normalización del uso del preservativo y el lubricante, las medidas adoptadas para mejorar su accesibilidad, incluyendo el reparto en lotes higiénicos mensuales, y, en el caso concreto de los usuarios de drogas, la incorporación progresiva de la filosofía de ‘reducción de daños' y la extensión de estos programas (de
mantenimiento con metadona, de intercambio de jeringuillas, etc.) jugaron un papel decisivo para eliminar la transmisión del VIH en el medio penitenciario.

Desde entonces, la Administración Penitenciaria ha realizado un esfuerzo extraordinario para mejorar la salud de los internos, apoyar la formación de sus profesionales y equiparar su nivel de calidad asistencial al de otros servicios sanitarios extrapenitenciarios.

Nuestro país ha sido pionero en la puesta en marcha de medidas contra el VIH y otras patologías (tuberculosis, hepatitis, etc…) frecuentes en los centros penitenciarios. También a la hora de entender que, para muchas personas, la estancia en prisión era y es una oportunidad única para acceder, no sólo a tratamientos, sino a la educación sanitaria y los
programas de prevención.

Así ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito​) y, a día de hoy, sigue siendo modelo para otros países cuyas delegaciones visitan la Administración Penitenciaria española para conocer la prevención y atención prestada a las personas que viven con el VIH en el medio penitenciario.

Actualmente, la prevalencia del virus es del 4,5% de la población privada de libertad. Todos aquellos que lo precisan, reciben tratamiento antirretroviral con cargo a los presupuestos del Ministerio del Interior. En 2017 no se produjo ningún caso de transmisión del VIH entre internos. En 2018 solo se ha registrado uno. Desde un punto de vista social, las personas con VIH en prisión conviven con el resto de internos y funcionarios con total normalidad, sin ningún tipo de estigma o discriminación.

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